Lunes, 28 de Noviembre de 2022

Atlantic Review of Economics 

            Revista Atlántica de Economía

Colegio de Economistas da Coruña
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Volumen 1 Número 01: Macroeconomía, políticas públicas y género.

María Elena Cardero
Universidad Nacional Autónoma de México

Reference: Received 15th March 2002; Published 3rd May 2002. ISSN 1579-1475

Este Working Paper se encuentra recogido en DOAJ - Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

Abstract


     This presentation aims to evaluate, in a general way, some of public policies more directly linked to social welfare and the correction of the socials inequity in order to determine if such policies have a neuter nature, or they are bevelled and affect to gender relations, and specifically to women.

     The participation is generally directed to give answers to questions such as: Are public policies neutral?, does the recent changes of the public policies have the same impact on men and women?, which are the policies affecting more to the gender agenda?.

Resumen

     El objetivo de esta presentación es evaluar de manera general algunas de las políticas públicas más directamente vinculadas con el bienestar de la población y la corrección de las inequidades sociales para determinar si dichas políticas tienen un carácter neutro, o bien, están sesgadas y afectan las relaciones de género y específicamente a las mujeres.

     En general la participación esta orientada a dar respuesta a preguntas como ¿Son las políticas públicas neutras? ¿los cambios recientes de las políticas públicas tienen el mismo impacto entre las mujeres y los hombres? ¿cuáles políticas afectan más la agenda de género?.


1.- Cambios recientes y los temas de la agenda de género

Durante varios lustros el tema de la mujer y su importancia en la vida económica han estado presentes en la esfera de la discusión, tomando mayor relevancia desde finales de los años sesenta y comienzo de los setenta.

En sus inicios, mucha de la discusión se centró en el debate sobre el trabajo extradoméstico y el doméstico, así como sobre la igualdad de oportunidades y de responsabilidades entre los géneros. Con el paso del tiempo, los acontecimientos en la esfera económica y social a nivel global y nacional han adicionado nuevos aspectos a la agenda, sin que por cierto se hayan resuelto las inquietudes iniciales.

Las décadas recientes, enmarcada en la llamada globalización, concepto que por cierto dice mucho y nada a la vez, han registrado cambios importantes en la esfera productiva y social. En el ámbito productivo se habla de la "nueva economía" que supone la existencia de un nuevo paradigma económico liderado por la revolución informática y computacional, de la que incluso se llegó a decir, implicaba el fin de los ciclos económicos. Si bien éste término de "nueva economía" describe mucho de lo ocurrido en la economía estadounidense, básicamente se erigió como el modelo al que todos los países deberían acceder lo más rápidamente posible para alcanzar un crecimiento sostenido y, en ese momento, considerado sin tropiezos.

Tratando de emular el crecimiento sorprendente de la economía estadounidense, tanto por su ritmo como por su duración, muchos estados nacionales, se orientaron a dar una mayor "libertad" al mercado, acelerar la desregulación, así como a instrumentar políticas específicas para mejorar la formación del capital humano.

Evidentemente los impactos de estas medidas fueron diferentes para las economías industrializadas que para aquellas en desarrollo. En el caso de las segundas y centrándonos en las economías de América Latina, la apertura económica y el retiro del Estado de muchas de las actividades previas, que se empezaron a instrumentar desde comienzos de la década de los años ochenta, tuvieron grandes consecuencias. En general los mercados liberalizados y abiertos no estaban preparados para el embate de la apertura y en muchos casos implicaron la desaparición de un número sustantivo de ramas productivas, en una mecánica en la que lo "nuevo" destruyó lo viejo pero sin que necesariamente se generase una forma mejor de vida en la sociedad en la que irrumpió, trayendo consigo un crecimiento importante del desempleo y el subempleo.

En ocasiones, mucha de la nueva dinámica exportadora se logró merced a una mayor dependencia de las importaciones, donde ya no sólo se compraba del exterior para producir ciertos bienes internamente, sino también, para exportar.

En varios países a los que luego se les dio el calificativo de "economías emergentes", se impulsó la liberalización financiera, lo que los volvió sumamente expuestos a los embates del capital financiero y especulativo internacional. Sólo algunos de ellos, como es el caso de Chile, tuvieron la visión de instrumentar impuestos a la presencia de este capital golondrino, sin que por cierto se desincentivara la entrada de capital para otros propósitos.

Uno de los sectores clave, en los que en muchos países el Estado dejó de prestar sus apoyos, fue el sector rural, donde vive una proporción sustantiva de las poblaciones más pobres de América Latina. En muchos casos las consecuencias han sido estancamiento de la producción, falta de competitividad y aumento de la pobreza rural, al lado de una mayor dependencia del exterior para el suministro de la alimentación básica, ya que la producción interna no puede competir con los productos de países avanzados cuya producción agrícola es fuertemente subsidiada y apoyada por sus gobiernos.

En cuanto a la desregulación, esta se centró básicamente en un acelerado proceso de retiro del Estado de la actividad económica y privatización de dichas actividades mientras que, a su vez, se imponían restricciones "duras" del gobierno federal a los presupuestos de los estatales y regionales y de la entidades públicas, que en cierta medida aumentaban las regulaciones y las negociaciones en lugar de dar mayor flexibilidad para su aplicación a nivel local.

Por lo que se refiere a la formación de recursos humanos, a nivel del discurso político este tema se convirtió en una preocupación de los gobiernos de la región, entre otras causas porque hay claridad respecto al importante papel que juega el capital humano en el proceso de desarrollo. Sin embargo la "racionalidad" macroeconómica y fiscal, es decir los recortes al presupuesto con el propósito de lograr un equilibrio fiscal, al realizarse al margen de la sociedad civil, por el escaso peso que esta tiene en la toma de decisiones del reparto de los recursos, acabaron dirigiéndose al gasto social y a la infraestructura básica.

Por lo que se refiere a las economías industrializadas, en años recientes, y particularmente en el año que vivimos, la realidad mostró que la "nueva economía" ha comenzado una fase de recesión importante en Estados Unidos y que las otras dos potencias, que sirven como motores a nivel mundial y regional, Alemania y Japón, muestran, en el caso de la primera, severos síntomas de desaceleración, y en cuanto a Japón, no ha logrado por más de un lustro salir del estancamiento en el que está sumido. También en algunas de estas economías se han acendrado viejos problemas sociales como el desempleo, el aumento de la pobreza, la polarización de la distribución del ingreso y nuevas exigencias de índole social y de seguridad nacional como la lucha contra el narcotráfico, y el surgimiento de conflictos regionales en fronteras cercanas y regiones estratégicas. A lo anterior hay que adicionar el deterioro acelerado del medio ambiente y de la biodiversidad.

Si bien entonces, se han acentuado los procesos de cambio a nivel global afectando a los diversos sectores productivos y sociales y, muchos de ellos se han visto sometidos a profundas reestructuraciones, hoy en día no podemos hablar de un sólo modelo de crecimiento, ni tampoco de una economía genuinamente globalizada de la que se beneficie todo el planeta.

La región donde la desigualdad creció más a nivel global fue América Latina. En ella la pobreza se hizo más extendida e intensiva. El coeficiente de Gini para la región fluctúa entre 0.42 y 0.63, en donde el 0.42 significa que el 10% más rico tiene quince veces más recursos que el 10 más pobre y el 63.0 indica que el 10% más rico tiene 84 veces más recursos que el 10% más pobre. Según la CEPAL, para 1990, 46% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. En ese año había 60 millones más de pobres que 10 años antes. De estos, 30 millones estaban en la indigencia.1

En el caso de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe al dividir a los países por la magnitud de la pobreza que presentan, sólo 2 naciones de la región, Costa Rica y Panamá fluctúan entre el rango de 15 y 30%. En el rango de pobreza alta de 31% a 50% están El Salvador, México y República Dominicana y con más de 50% en un nivel de pobreza muy elevado están Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Adicionalmente en la Subregión el avance de la distribución del ingreso ha sido nulo a pesar de la reactivación económica experimentada por algunos de ellos. Un factor explicativo en esta trayectoria de la distribución del ingreso es la evolución y comportamiento del empleo y de los ingresos laborales. Los ajustes económicos en muchas ocasiones se han dado más por el lado de la disminución de los salarios que por ajustes considerables en el régimen de los empleados mediante la expansión de trabajos de baja productividad, en un sistema que permite una mayor flexibilidad de los salarios que del empleo.2


2.- Políticas macroeconómicas y bienestar social

En general estos cambios no son "neutros," afectan de distinta manera a las clases sociales y a los géneros. La visión de los organismos internacionales sólo atiende a los grandes números y el Modelo Revisado de Estándares Mínimos del Banco Mundial(RMSM por sus siglas en inglés), no da cuenta de la dinámica social desencadenada, de la ausencia de desarrollo que genera este modelo de crecimiento y del peso que los cambios tienen sobre el capital social y el capital humano, al que por cierto se le atribuye ser la principal fuente de crecimiento (64%) en todas las sociedades avanzadas. En general la tendencia ha sido a desligar la macroeconomía de la dirección general del desarrollo económico, como si sólo una única política económica y comercial fuera aplicable a todas las formaciones sociales sin distinción.

También tiende a ignorarse que estos cambios han tenido efectos diferentes sobre los distintos estamentos sociales y sobre los géneros. La brecha de la desigualdad se ha incrementado, el empleo femenino en sectores de baja productividad y alta informalidad ha aumentado y también se han multiplicado la desigualdad del ingreso y de las oportunidades.

Muchos de estos resultados se deben en parte a que diversas funciones del Estado, que anteriormente moderaban las inequidades creadas por el mercado, pasaron a la esfera privada y otras se modificaron sustantivamente.

La mayor parte de las empresas del Estado pasaron al sector privado, al igual que varias de sus funciones anteriores fueron tomadas total o parcialmente por la esfera privada, como ocurrió con los sistemas de pensiones, o la atención a la salud.

El Estado modificó el gasto público, mediante importantes reducciones del mismo, con el fin de lograr un mayor equilibrio fiscal y combatir la inflación. En algunos países asumió nuevas cargas, como es el caso de los costos de las quiebras de los sistemas bancarios. En otros, reorientó el gasto social, focalizándolo hacia poblaciones detectadas como de alto riesgo o más vulnerables y dejó de apoyar actividades que anteriormente propiciaba como ciertos programas de ayuda generalizada a poblaciones de bajos recursos.

La propuesta general del "modelo" de apertura, desregulación, privatización de las instituciones públicas y aún de los servicios que anteriormente brindaba el Estado, la búsqueda del equilibrio fiscal y monetario sin reformas fiscales más equitativas y orientadas a disminuir la desigualdades sociales, y la focalización de los programas de atención a la pobreza, acaban teniendo efectos perversos sobre algunos sectores. Además de reorientar recursos públicos a proteger los intereses de pequeños grupos, las políticas sociales, al estar centradas en "los más pobres" o los que se encuentran en áreas marginadas específicas, dejan a grandes grupos de la población sin los apoyos previos. En el caso específico de las mujeres muchas actividades para las cuales antes contaban con un soporte de los recursos públicos como eran las guarderías, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, fueron recortados del gasto social del Estado recayendo estas cargas de trabajo sobre las mujeres. Al reducir el gasto público o destinarlo a otros fines se transfiere una parte fundamental de la responsabilidad de los servicios sociales al sector ""reproductivo", en donde el trabajo femenino no es valorado en términos del mercado.

La privatización de los servicios sociales y en ocasiones su total desaparición y la focalización en las llamadas "poblaciones vulnerables" no sólo conduce a la desaparición de muchos servicios generalizados a la población pobre sino también afecta su calidad ya que muchas veces se convierte en un "servicio pobre para los pobres". Se tiende entonces sólo a enfatizar ciertas acciones específicamente dirigidas a regular la fecundidad, la sexualidad y la moralidad de las mujeres y tienen escasa relación con la equidad, el empoderamiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Los recortes en el gasto público y en los servicios prestados con anterioridad, suponen en muchos casos que estos pueden ser sustituidos por trabajo voluntario, individual o comunal que en su mayor parte recae sobre las mujeres.

La descentralización de las decisiones y los recursos, como una de las supuestas políticas de democratización de las decisiones, también en ocasiones excluye a las mujeres de las decisiones que se toman a nivel local, fundadas en el clientelismo o en el poder local y no en la participación comunitaria.


3.- Políticas encaminadas a moderar el impacto de las nuevas disparidades y brechas generadas por el crecimiento actual

La pregunta central de toda política es a quien se orienta a quien pretende beneficiar, a quien sirve en última instancia, y cuales son sus impactos diferenciados. En este sentido los modelos macroeconómicos de equilibrio general que sirven para tomar muchas de las decisiones sobre el destino del gasto público y la asignación de recursos no son "neutros" respecto al género y a los grupos sociales. De hecho operan en forma procíclica ya que, a partir de las políticas generales que instrumentan, fomentan la desigual distribución del ingreso empobrecen aún más a los más pobres y limitan su capacidad de participar en el mercado.

Si bien han habido algunos avances en la elaboración de modelos en los que se incluye la variable de género, como es el caso del modelo de Colliere3
, el de Walters4 , el de Elson5 uno de los problemas más serios para instrumentarlos es la falta de datos en general y desagregados por sectores productivos para hombres y mujeres.

Pero independientemente de lo que se logre en materia de modelos que permitan conocer la interrelación de las grandes variables económicas y sociales, y de la capacidad que se desarrolle para crear los indicadores adecuados, es indispensable que la sociedad y especialmente el Estado asuman un papel estratégico y concertador y en el que este último, no se retire de sus responsabilidades en la aplicación de una política social redistributiva, y atienda las distintas implicaciones que sus políticas tienen sobre los diferentes estamentos sociales.

El Estado no es neutro. Es un actor con sus propios intereses y circunstancias internas, lo que marca diferencias respecto al tipo de políticas que instrumenta. Así por ejemplo, si las políticas sociales se centran en una visión cultural que parte de la idea de que el único sustento de la familia es el hombre, es diferente a aquella visión que considera que ambos progenitores sustentan el hogar y tienen que hacer frente al manejo de los niños, como sucede en los países nórdicos.

En este sentido el Estado puede reproducir las condiciones de desigualdad, ya que sus políticas tienen influencia en las relaciones de género, clase, etnia, en la sexualidad y en el discurso cultural.

Por ello es indispensable replantear las estrategias de crecimiento, es decir, preguntarse cual es el propósito último del crecimiento. Cómo, utilizando políticas macroeconómicas responsables, se asegura simultáneamente la mejora de las condiciones de vida de la población en general y, en un segundo nivel, se atiende que dichas políticas sean instrumentadas con especial atención a los grupos más desfavorecidos y menos privilegiados social y culturalmente como es el caso de las mujeres.

Entre las áreas prioritarias en las que debe haber una atención especial por la manera diferenciada en que impactan a hombres y mujeres, destacan entre otras:

a).- La infraestructura. Una gran proporción de las inversiones que se hacen en infraestructura están orientadas a crear externalidades para aumentar la competitividad de los mercados y de los bienes, por ejemplo acceso más rápido a los mercados, a las vías de comunicación, a los puertos de embarque para la compra y venta de las mercancías del exterior, es decir, carreteras y caminos, agua potable y alcantarillado, electricidad y transporte público, que suelen estar orientadas a mejorar la competitividad general del sistema productivo, pero no incorporan, también, un enfoque que incluya aquellas inversiones que faciliten las condiciones de la vida cotidiana de las mujeres. Por ejemplo, que estas tengan en cuenta donde se instalan las llaves de aprovisionamiento general del agua, y den mayores posibilidades de moverse en un entorno más favorable, les ahorren labores de acarreo, les ofrezcan vías de comunicación para la venta de sus mercancías, el suministro de los hogares, viviendas, obras sanitarias, etc.

Pero no basta con invertir en estas externalidades. Es necesario asegurar también que las mujeres tengan acceso a los mercados de productos y a los medios de transporte público y privado, en general monopolizados por los hombres. También debe asegurarse su acceso a los mercados de exportación. Este tipo de presencia en esos mercados puede ser favorecida mediante políticas que propicien la organización productiva y comercializadora de las mujeres, que les permitan tener una presencia mayor en los mercados de bienes.

b).- El sector rural. Es en este sector donde quizá aparecen en forma más evidente las grandes desigualdades e inequidades de género y donde las políticas públicas deben tener un enfoque muy específico para fortalecer el papel de las mujeres en los procesos de producción, distribución y consumo.

Uno de los efectos de las políticas recientes de apertura de los mercados externos ha sido el abandono de muchas áreas productivas y el aumento de la migración masculina a las ciudades y a otras regiones y países. En el caso de México por ejemplo, se estima que en 1997 la población masculina de las áreas rurales había disminuido en un millón de personas en tanto que la femenina aumentó en más de 10,0006 . Es probable que en el resto de la Subregión hayan ocurrido fenómenos similares.

En los mercados de bienes agrícolas de exportación, las mujeres suelen trabajar como jornaleras que van siguiendo la ruta de las cosechas para la pizca, recolección y el empaque de productos agrícolas. Muchas de ellas migran con los hijos, generándose problemas de trabajo infantil, salud, educación, vivienda contaminación, entre otros.

Por su parte las mujeres que permanecen en sus hogares en el campo, se ven abrumadas por una carga mayor de trabajo agrícola, en adición a su jornada laboral diaria (preparación de alimentos, cuidados de niños y ancianos, acarreo de agua, recolección de leña, cuidado de los animales de traspatio y del huerto familiar, etc).

A nivel institucional existe un marcado sesgo en contra de las mujeres. Los escasos programas de apoyo al campo, que hoy existen en algunos de estos países, en general se otorgan a los hombres, porque son los dueños de la propiedad, al igual que los recursos financieros y, de haberlos, los suministros físicos (fertilizantes, insecticidas, maquinaria ).

En general podemos hablar de una sobreutilización del tiempo de las mujeres, con escasos o nulos apoyos para aumentar su productividad, intensificación del trabajo no pagado, y si logran obtener algunos ingresos, estos son magros y en la mayoría de los casos, los destinan a mejorar la condiciones de vida de sus familias.

Sólo con políticas con alto contenido de apoyo productivo y elevación de los ingresos de las mujeres, se lograran avances reales, duraderos, y positivos sobre el nivel nutricional, de salud y educación de los hogares. Este tipo de políticas son altamente efectivas en el combate a la pobreza, en la medida en que las mujeres tengan el control de los recursos y un adecuado acceso a los mercados, logren reducir el tiempo de trabajo, aumenten su productividad y sus ingresos.

c).- Los servicios de salud. Estos no deben estar únicamente focalizados al ámbito reproductivo sino también deben atender adecuadamente y de manera integral, las condiciones de existencia de las mujeres a lo largo de la vida que, por lo general, es más prolongada que la de los hombres. Es importante que los ahorros y la mayor "racionalidad" del gasto público que se pretenden alcanzar en ese sector, como pueden ser los recortes en la estadía de los hospitales, no recaigan en una mayor carga para los hogares y particularmente en las mujeres y las niñas.

d).- La seguridad social. Probablemente este sea uno de los aspectos que más cambios ha sufrido en los últimos años, en mucho, por la privatización de este servicio, lo que ha vuelto más indefensos a los millones de personas que, como sucede en la región latinoamericana, no tienen acceso a empleo formales. Este fenómeno se convierte para los hogares en general y especialmente para las mujeres en una catástrofe. En la medida en que envejecen y como tienen vidas más largas, aumenta la incapacidad para trabajar y las enfermedades, encontrándose las mujeres más desprotegidas e inermes. Ello conduce a que ante una evento de enfermedad tengan que gastar todo el patrimonio familiar (generalmente en forma de algún bien físico), para hacer frente a dicho gasto, quedándose en la absoluta ruina. Es indispensable que los sistemas de seguridad social y de salud enfrenten este fenómeno, que probablemente afecta a las dos terceras partes de la población laboral de América Latina, mediante sistemas en los que las personas puedan ahorrar un poco hoy, como por ejemplo mediante sistemas de microahorro, para hacer frente a estos gastos del futuro y en los que el Estado y las instituciones sociales y privadas, les proporcionen una atención adecuada y suficiente.

e).- Educación y capacitación. La formación de capital humano debe tener como objetivo adquirir conocimiento de "por vida", "aprender a aprender". Es necesario un verdadero esfuerzo en la inversión en capital humano promover un salto cualitativo en la calidad de la inversión, en la productividad y en el valor agregado, de manera que se garantice la igualdad en las capacidades de los géneros para competir. Los recursos que este esfuerzo implica son enormes y no sólo suponen un gran acopio de financiamiento, si no también de la voluntad de los gobiernos y de la sociedad para emprender estos cambios. Si bien a nivel declarativo estas suelen ser las grandes prioridades de los gobiernos vistas como un medio para crecer y combatir la pobreza, a nivel de la instrumentación del gasto son justamente los sectores de la educación, salud y la capacitación donde se aplican los mayores recortes de los recursos para lograr "equilibrios fiscales y finanzas sanas", de manera que se liberen financiamientos para otros propósitos como el pago de la deuda, o la protección de los recursos bancarios, entre otros. Si la sociedad civil no impide mediante todos los mecanismos que la nueva cultura democrática ha traído consigo que esto ocurra, los planteamientos de los gobiernos seguirán manteniendo esta discrepancia entre la retórica propositiva y la acción real.

En años recientes se ha logrado un importante aumento en el número de las niñas que ingresan y permanecen en el sistema educativo. Incluso en algunos países hoy, hay más mujeres en la universidades que hombres. Sin embargo todavía desde las etapas más iniciales y hasta el fin del ciclo escolar hay un fuerte sesgo cultural y social a la segregación de la niñas hacia actividades de "mujercitas". Si hemos de cambiar esta cultura es indispensable vigilar que esto no siga ocurriendo a ningún nivel y capacitar a las mujeres para participar en cualquier ámbito productivo y social.

f).- Ambito laboral. Es indispensable una política de capacitación laboral para las mujeres a fin de igualar sus capacidades laborales con las de los hombres de manera que puedan buscar, en igualdad de condiciones, oportunidades de trabajo adecuadas. Se requiere de una amplia difusión de los derechos y obligaciones laborales para las mujeres. Pero no sólo se trata de que las mujeres tengan iguales oportunidades y capacidades para enfrentar las oportunidades de trabajo, sino también que en las áreas donde ellas laboran no se vean desplazadas por los hombres. La ausencia de trabajo para los varones ocurrida en parte como consecuencia de las políticas económicas y sociales aplicadas, en las que muchas de las fuentes anteriores de trabajo desaparecieron por la desaparición de ciertos sectores productivos, y a que los hombres desplacen a las mujeres de sus centros de trabajo, ocasionando con ello que aquellas tengan que recurrir a trabajos peor pagados o informales.

Las reformas que se proponen desregular los mercados laborales y que se supone aumentarán la productividad del trabajo y, en última instancia, beneficiaran a los trabajadores, deben tener en cuenta que el mercado no resuelve el problema de la creación de las fuentes de trabajo. Los empleos surgen a partir de la inversión privada y de la pública y ambas, tienen que enfrentar los costos de la inversión y particularmente los costos financieros, que hoy en día pesan sustantivamente más que los costos laborales en el precio final del producto. Atender la generación de empleos es un problema prioritario que no se resuelve sólo con la desregulación de los mercados laborales sino que también tiene que ver con el resto de los elementos que están en el entorno de la empresa. La desregulación tienen que ir acompañada de mecanismos e incentivos múltiples para el fomento de actividades productivas, con programas especiales que favorezcan las actividades de las mujeres empresarias.

g).- El crédito. Sin duda uno de los aspectos ampliamente reconocidos en los que hay mayor desigualdad es el acceso de las mujeres a recursos para invertir e iniciar actividades propias. Generalmente carecen de avales o bienes de su propiedad que les sirvan de soporte para solicitar esos recursos. Logran acceder sólo en una proporción menor que la de los hombres al sistema institucional de crédito y fácilmente caen en manos de agiotistas y usureros. En este sentido, es importante buscar opciones como por ejemplo favorecer los sistemas de microfinanciamiento a través de mecanismos regulados y seguros, orientados a que las mujeres pobres puedan acceder a recursos para establecer negocios que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

h).- La justicia y la organización política de la sociedad. Para poder llegar a lograr que se instrumenten estas acciones públicas, es indispensable la suma de las voluntades individuales para crear presión sobre los gobiernos, por medio de organizaciones políticas que exijan al estado que las políticas públicas incorporen los aspectos que van a ser de beneficio para la sociedad.

Desarticular a la sociedad es mucho de lo que han hecho los programas públicos de los últimos años. No se puede esperar que con el mero hecho de denunciarlos se corrijan las desigualdades e inequidades.

En estos tiempos de la democracia que exige la participación, ¿la pregunta es participar como? ¿como individuo aislado del vecino, fragmentado, disperso? En gran medida muchas de las políticas sociales de los últimos años han tendido a atomizar a la sociedad para que tengan una expresión individual y atenderlos sólo con programas focalizados.

Es por ello indispensable que se construyan organizaciones sociales y políticas para que las políticas públicas atiendan los problemas que están originando, ya que en muchas ocasiones los estados realizan políticas sociales que en lugar de beneficiar a sus electores los perjudican, y se dirigen a instrumentar acciones económicas y financieras consideradas como de mayor jerarquía y prioridad haciendo de lado las necesidades sociales. Si esperamos cambios y aceptación de nuevas propuestas es indispensable que la interlocución se realice en forma organizada y concertada desde la sociedad civil.

i).- La social debe generar una cultura de la participación que beneficie específicamente las mujeres En tanto que las costumbres y las prácticas sociales continúen asignando a las mujeres el rol de la reproducción física y social como su único papel en la vida y de su absoluta responsabilidad, las mujeres permanecerán como un costo invisible de la sociedad. Es impensable que los temas de las mujeres sean percibidos a nivel generalizado como un problema de equidad y de justicia. Es por ello indispensable evidenciar este fenómeno a nivel social y crear una cultura de igualdad entre los géneros, que favorezca la valorización del trabajo femenino y evite que sobre las mujeres se concentre en forma tan inequitativa las actividades de subsistencia, trabajo doméstico y actividades voluntarias.

Por lo demás el tema de la equidad, no sólo es un asunto ético, sino de desarrollo. Lograr mejorar las condiciones de vida de la otra mitad de la población, las mueres, permite el desarrollo mismo, la elevación de la productividad social generalizada, la reducción de la pobreza, el desarrollo del capital humano, y es base fundamental de toda organización más justa y armoniosa.

Comentarios y Bibliografía

1 Londoño, J. L. (1996). Poverty, Inequality and Humasn Capital Development in Latin America. 1950-2025. World Bank. Latin America and Caribbean Studies . Washington D. C. volver

2 CEPAL. Indicadores Sociales Básicos de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. Edición bienio 2000-2001. LC/MEX/L. 460 abril 2001 volver

3 Colliere, P. (1994). "Gender Aspects of Labor Allocation during Sctructural Adjustment, A Theroretical Framework and the African Experience". En Horton, Susan, R Handbur, and D. Mazumdar. (eds) Labor Markets in an era of Adjustment. Vol I, World Bank Washington D. C. . Colliere desagrega los géneros por sectores . Los sectores analizados son el de producción para la exportación y el de subsistencia. Identifica varias restricciones en el mercado rural laboral que limitan la movilidad de las mujeres y el uso de trabajo femenino, por discriminación, en el mercado laboral. Analiza los factores culturales y sociales que definen el papel de las mujeres : las asimetrías en los derechos de propiedad, información y capacitación y el papel reproductivo de las mujeres en la familia. volver

4 Walters, B. (1997). "Engendering Macroeconomicas A reconsideration of Growth Therory". En World Develpment vol 23, No 11, pp1869-1880. Este autor propone integrar cambios estructurales en relación con la oferta de trabajo femenino a partir de cambios en las normas sociales en las relaciones de género. volver

5 Elson, D. (1995). Gender Awareness in Modelling Structural Adjustment. World Development, vol 23 No 11, pp1851-1868 volver

6 Cardero, M. E., Barron, A. & Gomez Luna, M.E. Editor Guadalupe Espinosa NAFTA´S Impact on the female work force in Mexico. United Nations Developoment Fund for Women UNIFEM. Mexico 1999 volver

Sobre el Autor

María Elena Cardero
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Editor Asociado para America Latina: Luis Miguel Galindo. Facultad de Ecomomía (UNAM)


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